El proceso contra Emilio Lozoya exhibe una aplicación selectiva de la justicia

El proceso contra Emilio Lozoya exhibe una aplicación selectiva de la justicia

Investigadores en materia penal explican que el “consentimiento” a Emilio Lozoya por parte del gobierno federal va más allá de no solicitar prisión preventiva, sino de la formulación de los cargos.

No son las audiencias desde la comodidad de hospital de lujo, no es lo pausado de las audiencias, es el fondo del proceso legal contra Emilio Lozoya lo que muestra una aplicación selectiva de la justicia.

Terminadas las dos audiencias contra el exdirector de Pemex la comparación en redes sociales fue obligada: mientras que al recién extraditado a México se le permitirá enfrentar en libertad los cargos en su contra, a su excompañera de gabinete, Rosario Robles, sí se le fijó prisión preventiva por un posible riesgo de fuga.

Expertos consultados por Expansión Política consideran que, apegado al criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador, el exdirector de Pemex se perfila por una ruta en la que podrá evitar la prisión, ello como parte de los acuerdos que suscribió, se presume, con la Fiscalía General de la República.

Martes y miércoles se realizaron las audiencias en contra de Lozoya Austin, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Ángeles del Pedregal por problemas de salud reportados por las autoridades.

La primera acusación por la que respondió fue por la presunta recepción de sobornos por un monto de 3,000 millones de pesos de la empresa Altos Hornos de México y por la compra de una planta chatarra por la que Pemex habría perdido casi 8,000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La segunda audiencia estuvo concentrada en los cargos relacionados al caso Odebrecht. Al respecto, la FGR sostiene que el exfuncionario recibió 10.5 mdd de dólares en sobornos, que se tradujeron en beneficios para la empresa brasileña por 39 mdd, algo que él rechazó.

Para el expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza y para la cofundadora de la organización Tojil, Estefania Medina, si bien los delitos por los que se le acusa al exdirector de Pemex no ameritan prisión preventiva oficiosa, es de resaltar que la Fiscalía General de la República ni si quiera lo solicitó.

“Lozoya es alguien que ya se dio a la fuga, estuvo prófugo, a quien se tuvo que extraditar. Por supuesto que se tenía que mantener en prisión preventiva. Llama mucho la atención la aplicación de la justicia selectiva”, cuestiona de la Garza Marroquín.

Red Producciones.tv

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