Piden diputados a autoridades locales y federales, proteger y garantizar ejercicio periodístico en Chihuahua

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Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Ejecutivo Estatal, así como a la Secretaría de Gobernación Federal, a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en la entidad.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Lourdes Valle del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, quien detalló que se solicitó de igual manera, que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos violentos suscitados el pasado 30 de noviembre del presente año, en contra del C. Gabriel Venzor Fabián, reportero en la ciudad de Chihuahua.
En este sentido, mencionó ante el Pleno que se pedirá a las escoltas personales y seguridad que dependa del Ejecutivo Estatal, que respeten el ejercicio que realizan los periodistas y reporteros en la entidad y con ello, el respeto a la libertad de expresión y de prensa.
Además de esto, se pidió a la Secretaría de Gobernación Federal, por conducto del titular del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que se implementen las medidas de protección previstas por el mecanismo, a favor del C. Gabriel Venzor Fabián.
“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a fin de que lleve a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos la mañana del 30 de noviembre en los que un periodista se vio vulnerado en su persona y propiedad al realizar su trabajo en un espacio público”, comentó la legisladora.
Por otro lado, apuntó que en caso de que resulten vulnerados estos derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en los artículos 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, que la investigación de los delitos es facultad del Ministerio Público y, por tanto, es deber ineludible del Estado realizar las funciones de procuración de justicia de una manera pronta y expedita.